INFO COSITAL
 
Apreciados compañeros y compañeras:
 
Hemos tenido conocimiento de que el Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas ha remitido a algunos compañeros, habilitados nacionales, correos electrónicos en los que les traslada el criterio de la Dirección General de Función Pública en relación con la aplicación de la suspensión por los plazos decretados por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, a los ceses y tomas de posesión de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional durante el estado de alarma declarado con ocasión de la pandemia de COVID-19.
 
El texto conocido por este Consejo General de dichos correos es del siguiente tenor:
 
"Ante la situación de excepcionalidad derivada del estado de alarma declarado con motivo de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado Cuatro.1 del Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica la regulación contenida en la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el referido estado de alarma, se suspenden los plazos legalmente previstos para que la ciudadanía realice los trámites que establece la normativa reguladora de cada uno de los procedimientos administrativos en los que se ostente la condición de interesado.

La referida Disposición Adicional establece, entre otros, dos supuestos que excepcionarían el principio general apuntado:
 
  • En primer lugar, que el órgano competente estime que de la suspensión del plazo se deriven perjuicios graves para los intereses y derechos del interesado en el procedimiento con la conformidad expresa del mismo o cuando directamente el interesado manifieste su conformidad expresa para la no suspensión del plazo.
 
  • En segundo lugar, cuando las entidades del sector público acuerden motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
  
La citada norma se dicta, por tanto, con la finalidad primordial de no generar en el interesado cargas administrativas innecesarias o perjuicios que no puedan ser posteriormente reparados siendo evidente, por tanto, que la suspensión de los términos y de los plazos para la tramitación de los procedimientos no puede suponer la paralización de la actividad administrativa.

En relación con los procedimientos en materia de personal, que afectan al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, que ocupa puestos reservados en las Corporaciones Locales, se debe procurar que dicho personal pueda desarrollar su función, estando en todo momento a disposición de la autoridad competente a la que se encuentra adscrito el puesto de trabajo o plaza que tiene asignada, también durante la vigencia del estado de alarma, con plena garantía de los derechos que les asisten en materia de salud, prevención de riesgos laborales y conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Con carácter general, todo aquel personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional que como consecuencia de la resolución de procedimientos administrativos ya tramitados o en proceso de tramitación, se incorporen a un nuevo puesto de trabajo y no sea posible materializar formalmente las actuaciones administrativas necesarias, las mismas deberán ser objeto de regularización, en cuanto sea posible.

Por tanto, aunque con carácter general se entienda suspendidos los plazos administrativos de acuerdo con la finalidad y el espíritu de la norma, dicha suspensión no puede ser predicable de los procedimientos en materia de personal que puedan ser resueltos de oficio por la administración y que no supongan una carga o perjuicio para el funcionario o funcionaria pública, o bien que no conlleven actuaciones que puedan resultar contrarias a las medidas de protección previstas en el Real Decreto que declara el estado de alarma y demás normas de desarrollo (concurrencia masiva a pruebas de selección, desplazamientos no autorizados, entre otros).

Igualmente, de acuerdo con lo ya señalado, cabe acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos en materia de personal que vengan referidos a los hechos justificativos del estado de alarma, o bien cuya resolución y formalización sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.

La valoración de cada uno de los supuestos y de las medidas que deben ser aplicadas, declarando o no la suspensión de los plazos, corresponderá por tanto a los órganos competentes para la tramitación de los ceses, tomas de posesión y altas en el Régimen de la Seguridad Social del personal funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 41 y 42 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, y apartado cuarto de la Resolución de 25 de febrero de 2020, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se resuelve el concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional (BOE de 6 de marzo)"
 
El contenido del correo transcrito aborda las cuestiones planteadas por el Consejo General en la consulta remitida en su momento a la Dirección General de Función Pública, y en las gestiones realizadas para que se diera respuesta a la inquietud de muchos compañeros y compañeras sobre esta cuestión, y que aún no ha recibido respuesta directa.

A la vista de lo expuesto, se recomienda contactar, si no se ha hecho ya, con la Administración de destino a fin de que se valore la situación de cada concursante, y se adopten las decisiones que procedan al respecto, sin perjuicio de que, en el caso de no poder materializarse formalmente la toma de posesión, ésta se regularice en cuanto sea posible.
 
Entendemos que en tanto se produce la toma de posesión en el nuevo destino, el habilitado nacional permanece en la situación de servicio activo. También, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, la Entidad Local correspondiente al puesto al que se accede regularizará el régimen retributivo, así como la afiliación y alta en Seguridad Social.
 
Ha de puntualizarse que una interpretación literal y finalista del texto del citado artículo 42.3, en su párrafo segundo, y del artículo 43.1.3.ª del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, permite sostener que tanto el abono de las retribuciones como el alta en seguridad social han de efectuarse por el Ayuntamiento de destino, independientemente de la fecha en que se produzca la toma de posesión, -si ésta se demorase por razones derivadas del estado de alarma-, tendrá efectos desde el primer día del mes posterior al de la fecha de cese en el municipio de origen.
 
Por último, ha de considerarse que el criterio expuesto respecto de la imposibilidad de toma de posesión, sin perjuicio de la necesaria acomodación de plazos a los fijados para esta forma de provisión, debe aplicarse a los supuestos de concesión de Comisión de servicios cuando suponga desplazamiento a localidad diferente (plazo de ocho días naturales conforme al artículo 64.4 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado). Así como, en los supuestos de cese en el puesto que se desempeñaba en comisión de servicios para retornar al que se ocupa en propiedad y cualesquiera otros supuestos de provisión de puestos de trabajo. 
 
Ánimo a todos y un fuerte abrazo.
 
José Luis Pérez López
Presidente del Consejo General de COSITAL
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